El mercado educativo en Ecuador enfrenta una advertencia crítica. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), tras intensificar sus procesos de control, ha revelado la existencia de 354 sociedades mercantiles que, de manera irregular, incluyen en su objeto social la prestación de servicios de educación de tercer nivel.

La ley es clara

Es fundamental que la ciudadanía comprenda los límites legales. De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la oferta de programas de tercer nivel está restringida exclusivamente a universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y conservatorios que operen como instituciones sin fines de lucro. Para que estos programas sean válidos, la entidad debe estar debidamente autorizada por el Consejo de Educación Superior (CES).

En este sentido, las compañías constituidas como sociedades mercantiles carecen de facultades legales para desarrollar actividades académicas de este tipo.

Acciones institucionales y recomendaciones

Como parte de su hoja de ruta de control posterior, la SCVS ya ha notificado a las 354 compañías identificadas, otorgándoles un plazo perentorio de 30 días para reformar su objeto social. De omitir este requerimiento, las empresas enfrentarán las medidas administrativas contempladas en la normativa legal vigente.

Para los estudiantes y padres de familia, la recomendación de la Superintendencia es tajante: verificar siempre a través de los canales oficiales que la institución elegida cuente con los permisos necesarios antes de realizar cualquier inversión económica o iniciar un programa formativo. Proteger su trayectoria académica comienza por asegurar la legalidad de quienes brindan el servicio.